Estado de derecho en España.

El martes 22 se dio a conocer la sentencia del tribunal europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo dando la razón al juez Gómez de Liaño por haber sufrido un juicio parcial e injusto que le condenaba por prevaricación. Al día siguiente se reunieron el presidente del gobierno y el jefe de la oposición reafirmando, sin darse cuenta y sin tener intención, simplemente siguiendo los procedimientos legales esta sentencia de parcialidad en las instituciones judiciales españolas al repartirse los cargos de los jueces que van a renovar el Tribunal Constitucional (TC en adelante) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ en adelante). El tribunal europeo de Estrasburgo condena a España a pagar 5000€ al juez Gómez de Liaño que cometió la temeridad o el atrevimiento de investigar el paradero de los 23 mil millones de pesetas que había recibido Canal Plus por el alquiler de codificadores por considerar que se habían usado para realizar nuevas inversiones en vez de estar depositados en una cuenta bancaria. Esto puso a un paso de la cárcel a Juan Luis Cebrian además de llevar a los tribunales al todopoderoso Jesús de Polanco – q.p.d.-. Aunque al final el acusador fue acusado y condenado a quince años de inhabilitación quedando ahora redimido.

Como ya escribí en otro texto en un sistema parlamentario de bipartidismo imperfecto como el nuestro el único poder plenamente independiente, en un principio, es el judicial, ya que el ejecutivo lo lidera un partido político y el legislativo ha elegido al presidente – que no los votantes – dándole el apoyo a éste, siempre y cuando la mayoría no sea absoluta con lo cual ejecutivo y legislativo son un rodillo casi sin limitaciones. Quien decidió que los jueces que componen el TC y el CGPJ debían ser elegidos por el ejecutivo – presidente del gobierno – y parte del legislativo – jefe de la oposición – fue F. González que ya en los ochenta encontró en esta institución un límite al poder que le habían otorgado las urnas, por lo que decidió acometer reformas en el único dominio que no controlaba para ponerlo a su servicio y de está manera aunar los tres poderes. Dos fueron las reformas que ponen en tela de juicio lo completo de nuestra democracia: la primera, ya expuesta de elección por parte de los partidos políticos mayoritarios de los jueces que compondrán el TC y el CGPJ, y la segunda: eliminar el recurso previo de inconstitucional que permitía que una ley que ofreciese dudas de su constitucionalidad entrase en vigor sin la aprobación del TC.

Una vez expuesto lo anterior consideremos la siguiente cadena de favores que se puede dar en nuestro sistema judicial: En su momento PRISA no investiga ni da importancia editorial a los casos de corrupción y asesinatos de Estado por los que fueron condenados algunos miembros del PSOE y del ejecutivo en la etapa felipista. A PRISA más adelante le aprieta las tuercas un juez y pide amparo al PSOE que no en vano ha elegido a muchos de los magistrados que integran el aparato judicial consiguiendo que el juez que molesta sea retirado, al igual que se consiguió que González saliese limpio de los gravísimos casos de corrupción que acusaron a su ejecutivo. Para algunos esto será descabellado, para otros algo evidente, para el que aquí escribe es bastante obvio que si los jueces son elegidos por los partidos políticos llegado el momento éstos tendrán una deuda que pagar a los anteriores imposibilitando la existencia de una justicia justa e imparcial o ciega si se prefiere. Y en una democracia donde la justicia no es imparcial ni justa en todas sus resoluciones es, sin duda, una democracia incompleta, limitada, imperfecta e inacabada por mucho que exista el sufragio universal y la libre competencia entre partidos políticos.

Planteémonos también: ¿Como es posible que el Estatuto de Cataluña lleve dos años en un cajón en el TC esperando que se dicte sentencia de si todo su articulado es constitucional o no?; ¿como es posible que el referéndum planteado hace unas semanas por Ibarretxe tenga sentencia antes que el estatuto?, ¿puede ser por que los dos grandes partidos comparten criterio en un caso y en el otro no? Puede que el estatuto de Cataluña este esperando la renovación del TC para que el PSOE tenga una mayoría más cualificada en éste y así sea declarado constitucional con un apoyo más amplio proporcionándole mayor legitimidad a la sentencia. Estimados lectores está es la justicia española, el tan alabado imperio de la ley se estructura y construye de esta manera, así se dirime la constitucionalidad de las leyes en España. Tenemos el atrevimiento de hablar de democracia y calificar a otros regimenes de bananeros cuando nuestro sistema judicial garante de nuestras libertades y del Estado de derecho se dirime y se reparte en dos pasos: uno, presidente de gobierno y oposición se citan en Moncloa; dos, entre café y café negocian, acuerda, consensuan este si, este no, este me favorece, a aquel le debo, le prometí…; cuanta democracia, cuanto consenso, cuanta moderación, el éxtasis del centro, aplaudan por favor.