viernes, 25 de abril de 2008

Colombia.

Iberoamérica no es un continente fácil de abordar o tratar, aunque son muchos los países que lo componen todos en general adolecen de los mismos problemas: pobreza, corrupción, discriminación e instituciones democráticas débiles son una pequeña muestra. Aunque podría realizar aquí un texto del continente en general deseo centrarme en Colombia, país que alberga todos éstos problemas además de muchos otros exclusivamente propios. La elección de Colombia se debe a que hace algo más de medio año sigo diariamente la radio colombiana W (enlace recomendado en la parte izquierda del blog) que ha acercado la realidad colombiana a mi rutina cotidiana.

Colombia se encuentra en una crisis profunda, en mi opinión, aunque los colombianos con los que trato desde su resignación, más que diaria, histórica no sienten esto mismo, sin embargo uno de los asuntos que quiero señalar derribaría en occidente su parlamento y degradaría su sistema democrático a los niveles de los años 30. Cuando se nombra a Colombia todo el mundo la identifica con el narcotráfico y con la existencia de grupos terroristas como las FARC, ELN o los paramilitares. No tengo intención de tratar aquí estos problemas sino su crisis exterior con los países colindantes y el nuevo caso de corrupción que afecta al Congreso. Por un lado encontramos la eterna disputa por los secuestrados entre la nación y las FARC, a la que se ha sumado el presidente venezolano Hugo Chávez ávido de protagonismo y de legitimación para su proyecto ideológico que supera las fronteras venezolanas; el segundo problema es la corrupción que ha impregnado al mismo Congreso debido a financiaciones en campaña electoral de parlamentarios de varios partidos que apoyan al gobierno por parte del paramilitarismo.

Ingrid Betancourt es la cabeza visible en el exterior de la existencia de secuestrados en Colombia por parte de la guerrilla; la franco colombiana ha hecho que su posible liberación se convirtiese en noticia internacional por mostrar Francia su intención de poner todos los medios a disposición de Colombia que faciliten su puesta en libertad y su traslado al país galo. La verdad es que las FARC tienen encadenados a árboles en el interior de la selva a más de 700 civiles y militares colombianos, estadounidenses y de otros países; algunos de ellos llevan más de diez años en cautiverio y no se sabe nada de muchos otros. En 2007 se pusieron en marcha negociaciones para la liberación de secuestrados: la senadora colombiana por el partido polo democrático Piedad Córdoba en colaboración con Hugo Chávez mantuvieron contactos con la guerrilla para llegar a lo que denominan “acuerdo humanitario”. Éstas negociaciones obtuvieron sus frutos y se liberaron a tres rehenes, éxito muy celebrado en Colombia. Sin embargo las relaciones que mantenían tanto A. Uribe como Hugo Chávez se deterioraron con el tiempo y los insultos del segundo al primero no tardaron en llegar: Vito Corleone o peón del imperio son una pequeña muestra. En febrero la crisis entre ambos países subió de nivel y el conflicto bélico parecía inevitable; la razón fue la intervención rápida por parte del ejército colombiano a un campamento de las FARC violando territorio ecuatoriano. Ecuador en seguida pidió explicaciones a Colombia y a continuación se sumo Venezuela mandando diez batallones a la frontera con Colombia. Las gestiones diplomáticas dentro de la Organización de los Estados Américanos dieron solución a un conflicto que podría haber provocado una guerra que no convenía a nadie y que podía implicar a los USA, aliado principal de Colombia y enemigo ideológico de Chávez. En éste ataque se mató a R. Reyes, uno de los altos mandos de la guerrilla dedicado a las relaciones exteriores al que se le capturaron unos PCS que al parecer, por información del ejercito colombiano, desvelan colaboracionismo por parte de los presidentes Chávez y Correa además de la senadora Piedad Córdoba con las FARC para su apoyo y financiamiento.

El segundo problema que quería resaltar aquí y que me parece de una gravedad máxima es la implicación de varios congresistas en financiación ilícita de sus campañas por parte del paramilitarismo. El Congreso colombiano estaba ganando dignidad en la lucha contra el paramilitarismo en los últimos años, sin embargo en las últimas semanas se ha desvelado que la corrupción había llegado hasta la casa de la soberanía nacional, lo que conlleva una deslegitimación y un descrédito absoluto y total de todo el sistema democrático y de sus procedimientos. Son ya 33 congresistas, uno de los últimos un familiar de Alvaro Uribe, detenidos por presunción de éste delito y el problema no es sólo éste sino que además los partidos en los que se inscriben algunos de los congresistas detenidos han dado su voto a Uribe para su presidencia y muchos colombianos se hacen la lógica pregunta de si su presidente tiene legitimidad para serlo apoyado en éstos votos. El paramilitarismo nació para dar respuesta a la violencia que ejercían las guerrillas en partes del territorio colombiano ya que el Estado no podía asegurar el cumplimiento de la ley en todo su territorio. De aquí dos problemas evidentes: el primero es la falta de un Estado fuerte que de seguridad a todos los ciudadanos; el segundo es que con el tiempo estos paramilitares pasaron de ser un cuerpo de protección a ser parte del problema de la inseguridad, que se financia, como las FARC, del narcotráfico además de la violencia. El gobierno Uribe esta salpicado por éste problema, y no sólo el gobierno, se habla de que en un pasado no muy lejano el mismo Uribe era participe de los paramilitares. El presidente colombiano, por ahora, no piensa disolver el parlamento y pide que la justicia aplique la ley a todos los implicados en ésta trama de financiamiento gracias al terror, y además se encuentra en un momento que debe decidir si se presentará a un tercer mandato o no.

Falta de transición de una situación de guerra a otra de paz, corrupción que llega hasta las instituciones, tensiones exteriores con los países limítrofes (Venezuela y Ecuador), más de tres mil secuestrados por diversas organizaciones delictivas, pobreza crónica y estructural, desigualdad y discriminación económica y social y falta de implantación del Estado en parte del territorio son algunos de los problemas que achacan a Colombia en particular y algunos de éstos a América Latina en general. Aún así el que aquí escribe considera que si la democracia es capaz de solucionar los problemas gravísimos que encontramos en la región ésta se convertirá en un claro ejemplo de cómo la democracia se puede asentar también en los países pobres o en vías de desarrollo. Ésta formula no es ni la más rápida, ni la más segura para demostrar que la democracia es posible fuera de occidente pero es, sin duda, mucho más consistente y legítima que por ejemplo hacer una guerra bajo la justificación de su implantación posterior.

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